Bogotá-2016

Johanna Orduz

Claroscuros publicitarios

En el estudio La universidad latinoamericana y los procesos de internacionalización: las estrategias de financiamiento (Segrera, 2009), el autor, con un poco de presteza, afirma que son siete los factores que afectan las nuevas tendencias en el ingreso monetario de las universidades: 1) el incremento generalizado de los precios de matrícula; 2) la imposibilidad de múltiples estados para costear tal alza; 3) el crecimiento cada vez más acelerado de la educación superior privada; 4) la necesidad, en muchos casos, de dividir los costos de enseñanza entre los estudiantes y sus padres; 5) la preponderancia de la contabilidad y su control interno y externo a la institución, más que los docentes, directivos y estudiantes, 6) la emergencia de nuevos proveedores de técnicas llamadas pedagógicas y de difusión investigativa, vía el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, ^[3] 7) la necesidad de inyecciones monetarias por parte de los estados para evitar las crecientes desigualdades en términos de acceso a la educación, tanto virtual como presencial (Segrera, 2009: 241, 242).

No podríamos aseverar con tal seguridad que sólo sean siete los factores afectantes; pueden ser más, dependiendo del país y del contexto implicado en las tensiones: entidades privatizadas/públicas. Lo que para nosotros es cierto es que en la era del capitalismo mundial integrado no es fácil distinguir claramente las esferas de lo público y de lo privado: los estados devienen bolsas, firmas y códigos de un mercado llamado global, del que las ciudades y sus órganos de privatización funcionan como autopistas que regulan la fluctuación y la modulación de los procesos estatales. Los Estados-nación, así como los países constituyentes de las geopolíticas nacionales e internacionales se conocen hoy más como marcas publicitarias que otra cosa. No será sorpresa que el embajador de Google pueda ejercer más poder que el embajador de Nicaragua, de El Salvador o de Colombia, etc., con dependencia de las geografías propiamente locales que los impliquen.

En términos de Dalila Oliveira (2009), Rosa Cañadell (2008) y Jairo Estrada (2002), el siglo XXI latinoamericano presencia una resemantización radical de las fronteras entre lo público y lo privado, en donde se desdibuja notablemente la tradición centralizadora y presidencialista que el siglo XX veía como garantía de la distribución de poderes y responsabilidades entre los entes implicados. Surge, como contraluz especular, el redireccionamiento de las políticas económico-sociales, que parcializa y monopoliza la inversión de los recursos monetarios destinados a la educación superior y la investigación.

A diferencia de una ingenua idea republicana y democrática, que buscaba dar a luz nuevos mecanismos de participación legislativa y popular, queriendo que los Estados potenciasen su presencia local como aparato de gestión in situ (la cultura incluida), el poder público ha asimilado lógicas de negociación siempre presentes en la esfera privada. Descentralización regularizada y distribución de control son las improntas de una nueva faz que hasta ahora se vislumbra, en la que el Jano bifronte público-privado, Estado-empresa pierde diferenciación:

Esta ha sido la dinámica de reestructuración capitalista que los procesos de globalización trajeron aparejada en los últimos años. Las relaciones entre lo local y lo global se ven ahora mediadas por otros mecanismos de participación en los cuales los medios de comunicación, con sus avances tecnológicos, desempeñan un importante papel, transformando rutinas y significados de participación y democracia (Oliveira, 2009: 126).

El fenómeno de los mercados educativos, de aprendizaje y de producción intelectual al servicio del consumo en compulsión es un vástago de las negociaciones que sobre el Comercio Internacional de Servicios regula la Organización Mundial del Comercio (OMC). El negotium ya empezó a situar sucursales y puestos de venta: bajo la consigna de que se considera axial que los frentes investigativos estén informados acerca del devenir de tales negociaciones (además de estar en la facultad de crear perspectivas que sirvan de paradigma para negociar), el centro para la investigación educativa e innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha llevado a cabo (2008/2009) una serie de encuentros sobre tráfico de acciones y servicios educativos, así como de gestión empresarial en la formación permanente. Por supuesto, no otro que el institutional management in higher education proporciona sostenibilidad técnica al plan de internacionalización de la educación superior en América Latina, sólidamente timoneado por el Banco Mundial.

Ante la asfixiante disyuntiva, que culmina en isomorfismo profundo, el panorama del pensamiento en producción, de la producción de pensamiento raya en la comicidad: quienes abordan el problema no lo hacen más que a título de estadistas o de contadores. En busca de la robustez de calidad y de proliferante invención de conocimiento, en busca también de las razones aparentes de su imposibilidad, la Internacional de la Educación para América Latina se propuso en 2010 ejecutar una inquisición (el título es exacto) acerca de la formación docente e investigativa en algunos países latinoamericanos representativos (¿pero representativos ante quién?). Lo anterior, teniendo en cuenta criterios tan concretos como complejos: se tomó a Chile «por tener la reforma educativa más antigua y más neoliberal» (Arancibia, 2010: 82); Perú fue considerado por la riada de instituciones formativas y el sorprendente incremento de privatización en lo que a la investigación académica respecta; Nicaragua entró también a las filas de «representación» por ser el caso más notable de la llamada autonomía escolar y su consecuente supresión; y por último, se tomó como muestra radiográfica a República Dominicana, «por ser uno de los países que ha realizado menos cambios en su sistema y es, después de Haití, el país donde el Estado gasta menos en educación como porcentaje del producto interno bruto» (Arancibia, 2010: 82).

La lógica de las comparaciones sólo trae desventuras: el afán mental e intelectual de convertirse —en el ámbito académico— en una marca registrada, a título de franquicia nacional e internacional, se debe a constantes concretas en las que priman: los indignantes niveles salariales para docentes e investigadores, su involucramiento obligatorio en ocupaciones de gestión administrativa, y el temor: de sindicarse, de perder el empleo, de cambiarlo, de tenerlo, de estar en él.

En este orden de ideas, un breve pero notable artículo titulado apropiadamente «La mercantilización del trabajo académico en la universidad contemporánea» (Ordorika y Navarro, 2005), indaga en tan ubicuo terrorismo: se encontró que a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, sustantivamente, las universidades de todo el orbe capitalista en general, y de Latinoamérica en singular, han sido objeto de hondas transmutaciones por restricción financiera. Tanto los núcleos de investigación superior como las especificidades laborales que en ellas se practican han padecido intervenciones sin precedente en la historia de las universidades y los centros de documentación y creación documental teórico-práctica. El hecho compete no sólo a los círculos de redacción, sino también a los espacios de docencia y aprendizaje:

Hasta la década de los años setenta, la educación superior se expandió de forma sostenida en el número de instituciones, en la cantidad de estudiantes y profesores y en la disponibilidad de recursos financieros. A partir de los años ochenta, sin embargo, el financiamiento público para la educación superior se ha reducido significativamente en casi todos los países (Ordorika y Navarro, 2004: 4, se apoyan aquí en Altbach y Johnstone, 1993, así como en los datos arrojados por el World Bank, 1994, 2000).

Lo triste y a la vez cómico es que la cuestión no es nunca de ausencia de dinero (el cual, de hecho, abunda), sino de su estrategización permanente. El problema nunca ha sido ni será propiamente hablando la escasez de recursos, sino el control depurado e insomne de aquéllos. No es secreto que la llamada crisis financiera de los centros universitarios y de producción investigativa va de la mano con una nueva valoración tanto del sentido como de los medios y las orientaciones que los dirigen. El extraño fenómeno es que en el capitalismo mundial, tanto en la esfera local como global, los mandatarios y dirigentes lo son sólo a título de pasajeras figuras, pues el verdadero dictador es virtual (no menos real) e inasible: personas y cosas, en una faceta de la vida mutilada, se reducen hoy por hoy a meros alfiles dirigidos y mandados (incluso y sobre todo los dirigentes y líderes empresariales y estatales, dos sinónimos): presencia de atemorizados sin atemorizantes tangibles o terroristas palpables, de pensamientos controlados sin controladores orgánicos. La fantasmagoría deviene una de las improntas de este siglo.

Espectros de «emprendimiento», excelencia, rendimiento y privatización publicitaria: sólo sombras que sin embargo siembran un nuevo régimen del terror en los predios de un espanto de Robespierre que amplió su territorio y atravesó el Atlántico. Ordorika y Navarro (2005) son claros al respecto: los sistemas de pago por méritos, por eficiencia y ventaja, así como por productividad lucrativa son las nuevas trompetas del apocalipsis de la mente.

Aranceles investigativos

En el caso de México, las políticas de mercado lograron que el gobierno adoptara el régimen de evaluación como eje axial de las consignas pedagógicas y de difusión cultural. Evaluar: poner un precio. El signo más diciente del ejemplo mexicano, de acuerdo con los autores, es el impacto que tienen los programas de incentivos en los ingresos del personal académico. Los casos de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Nacional Autónoma de México son estudiados como signos ejemplares. Se trata, a fin de cuentas, de una sintomatología.

Es posible afirmar con bastante certeza que los sistemas mexicanos de «merit pay» son una de las experiencias más extendidas y consolidadas en la educación superior de todo el mundo. Ciertamente la complejidad de estos sistemas y el impacto en los ingresos de los académicos en México no tienen comparación con los que existen en los sistemas europeos y en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones que explican la rápida expansión de los sistemas de pago por méritos en México? ¿Por qué han llegado estos complementos a representar una proporción tan alta de los ingresos del personal académico? (Ordorika y Navarro, 2005: 7, 8).

En la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional Autónoma de México, singularmente, el arraigo de estrategias evaluativas se cristalizó basándose en la realización de condicionamientos y ajustes con el fin de perfeccionar la eficiencia y el desempeño de la institución y de los académicos: «a partir de una laxa idea inicial de evaluación formativa se empezó a enfatizar una visión y una práctica de evaluación sumativa» (Ordorika y Navarro, 2005: 8, 9). Las consignas de venta priorizaron la necesidad de calificar y jerarquizar los productos de la universidad en calidad justamente de eso, productos de estantería: estructurar estándares de calidad/cantidad como stands de feria. Las prácticas de simulación y corrupción de facto tomaron la palabra y el ordenador. Y como siempre, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. El problema no son del todo las universidades en mención, sino el fantasma que las recorre, como a tantas otras de América Latina.

Es una práctica contemporánea de supermercado en la que el cliente obtiene puntos por sus compras, los cuales le abrirán las puertas a «mayores» adquisiciones. Los puntos aquí se denominan número de publicaciones-rápidas, universitarios graduados a destajo, seminarios virtuales al por mayor, tesis dirigidas en las que la dirección impone gran parte de la temática de investigación a través de números de citación, visión y empresa/mafia académica.

Como apunta Benavides (2011), la mercantilización de la educación y de las prácticas investigativas deviene asunto de comercio nacional e internacional ad hoc. La empresa educativa implica un mercado importante para los llamados países desarrollados y subdesarrollados (ambas condiciones hoy coexistentes entre sí), razón que acelera la generación de contratos que aboguen por dicha mercantilización. En el marco de la Organización Mundial del Comercio, éstos fluyen con extraña parsimonia obstruyéndose entre incontables cubículos, motor que insta a las universidades y sus órganos de publicación a cumplir convenios universitarios o a diligenciar estrategias de «marketing» para atraer estudiantes, lograr intercambios lucrativos, realizar pasantías rentables.

La compraventa de servicios educativos y editoriales se bifurca en un régimen de flexibilidad y desregulación entre muros impalpables. Para la década de 1990, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios se constituyó como el primer convenio que involucró un haz de acciones producto de los recientes ejes de negociación de los países miembros, los cuales implican dos terceras partes de las prácticas de educación ejercidas por las naciones postindustrializadas, de límites virtuales, lo que justifica que el Acuerdo de Comercio y Aranceles, y la OMC, le otorguen especial atención. La disminución de las barreras comerciales y de transferencia de servicios, dinamiza este mercado, convirtiéndolo en una opción para la inversión extranjera y para la colocación de capitales, puesto que representa un presupuesto anual mundial de mil millones de dólares, con cincuenta millones de trabajadores y cerca de un billón de clientes potenciales, que son los estudiantes (Benavides, 2011: 21, 22).

La mediación contractual, en la mayoría de instituciones, ^[4] es mutiladora y beneficia al miembro contratante. La marca registrada que se genera al interior de los mercados de investigación es, para el llamado investigador, factor de pobreza y mendicidad. La perversa lógica del factor o índice de impacto como criterio de relevancia articular recrea la viscosidad de un círculo o de un pozo en estancamiento creciente: directores de tesis que sugieren (eufemismo aquí de obligan) a sus tesistas a citarlos, para ampliar los tentáculos nominales; citación de citación, citar la revista a la cual el artículo se envía para su publicación para que ésta a su vez adquiera mayor «ranking» entre las estadísticas de ascenso y difusión. La investigación como una casa de citas, un buen lupanar œconomicus y de visitación diaria: journal citation reports.

Es lo que Vallaeys (2014) ha denunciado oportunamente como procesos histéricos de mercantilización e instrumentalización: las universidades y los planteles de creación e intercambio articular ya no son espacios inmunes a la lógica farmacéutica y a la velocidad sedativa de un mundo económico darwiniano. Doblegadas entre la competencia nacional e internacional, entre la comercialización lectora y de redacción, entre la reificación por parte de los docentes, estudiantes e investigadores que las utilizan como caja de ingresos económicos, consumo e indigestión de capital cultural, pasillo de ascenso social, las universidades y las editoriales han devenido sustantivamente carros de supermercado.

Si es cierto que la universidad se vuelve cada día un hondo y vitrinal muestrario, cómo podrá escapar a dos dramáticas mutilaciones, a saber:

1) la reducción de sus estudiantes a meros clientes usuarios de servicios y 2) la reducción de su libertad investigadora por el hecho de que sus investigaciones se vuelvan meros productos determinados por la demanda de compradores externos con alto nivel adquisitivo (Vallaeys, 2014: 113-114).

Es conocido que desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, el ejercicio investigador se fortaleció en general bajo un modelo de negocios basado en porcentajes de venta primero y complejidad interna/externa después, generando las estrategias requeridas como patrones de medición, lo cual conspiró desde sus inicios con su consistencia endógena. Una política de primero edificios (que será reemplazada posteriormente por primero softwares) y luego alumnos, docentes, escritores y lectores, reduce a estos últimos a piezas indiferenciadas de flexibilidad laboral extraordinaria. Como ha señalado Rama (2010), la expansión de la investigación privada no ha sido un proceso diferenciado en lo argumentativo, sino en lo institucional. Se expresó diferenciadamente, en las primeras etapas, en el incremento de universidades religiosas y laicas, instituciones de absorción y creación de demanda y oferta, tanto urbanas como rurales, a distancia o presenciales, en general modulando las bandas cambiarias de la economía articular. Tales bandas reflejan especularmente los movimientos paralelos de los centros investigativos y los órganos de enseñanza, donde el concepto de calidad ya no se diferencia, peyorativamente, del de cantidad:

Hacia fines del siglo XX con la masificación de la demanda, la caída de los precios de las matrículas por la competencia y la consolidación de sus propias inversiones físicas, la mayor tasa de graduación por la flexibilidad de la oferta a través de políticas de mercadeo (becas, matrículas diferenciadas, publicidad, créditos, etc.) y el incremento de sus niveles de calidad, asociado a sus infraestructuras y políticas de aseguramiento de la calidad, se comienza a transformar la educación superior privada en instituciones de masas de altas escalas (Rama, 2010: 5).

La masificación informática va casi a la par con el embrutecimiento colectivo. Pues bien, ya la fase anterior de la década de 1990 en la formación y producción intelectual superior había conquistado una sobreoferta de instituciones locales derivada de una expansión monumental de corporaciones, como se atestiguó en México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Brasil, Bolivia y Perú. Ello estableció una lógica ricardiana en la cual la oferta tendió a moldear la demanda, tabuló a las instituciones en términos del vínculo precio-costo-beneficio, y solventó el alza del afán escritural. Una vez más, calidad y cantidad son caras de la misma moneda:

La discusión de la regulación está atravesada por la tensión entre calidad y rentabilidad. Una frase que sintetiza el problema proviene de un ex-viceministro de Educación Superior de Colombia, quien afirmó que «la mala calidad es un negocio muy lucrativo», en tanto el aumento de la calidad aumenta los costos (Rama, 2010: 6).

«Hermosa» paradoja, que de contradicción no tiene nada. A diferencia de la clásica lógica dialéctica, un fenómeno cualquiera que encuentre su contrariedad profunda, la halla no por contradicción, sino por paradoja irónica. Si a una sociedad la contamina la violencia, no es por contradicción, es por producción directa: si a un pensamiento lo asalta la mediocridad, no es por calamidad, sino por creación de lo que teme. Por estrabismo. Que baja calidad implique alta valorización y cotización en las buenas y viejas leyes de la oferta y la demanda, he ahí un silogismo impecable para la época contemporánea.

Lo anterior explica el extraño fenómeno de la ausencia de nutrición y sustentos fértiles y pujantes en los centros de investigación superior, pues la mayor parte de los proyectos de redacción académica se encuentra desnutrida y tullida a causa de anorexias patológicas producto de vanidades pseudo-intelectuales. Un caso de desnutrición pedagógica se refleja, señalan Rama (2010) y Torres (2006), en el bloqueo y la imposición de obstáculos que padecen las revistas y órganos de edición y publicación en su independencia sintáctica y lingüística. La ausencia de gramáticas innovadoras se revela como expresión de deseos fuertemente monopolizados entre un conflicto irresoluble de egos y pedanterías mercadotécnicas.

Se trata de la dictadura del entendimiento, pandemia transnacional y atrozmente neoliberal, que una vez más borra brutalmente la diferencia entre lo público y lo privado (v. gr. la privatización ubicua de lo público, la publicidad omnisciente de la privatización). Las Universidades, a título de macro y microempresas, se convierten en eslabones («links») de una dictadura más fuerte, la del capital. Lo anterior se observa con malestar en los pronunciamientos de un representante anónimo de la universidad pública de Uruguay, quien expresó: «la universidad privada es la rémora (el lastre) de la dictadura» (citado por Rama, 2010: 7). Se trata de la privatización desenfrenada como corte y cierre de la creación de los discursos, promulgando su individualización, lo que revela la oclocracia como palimpsesto del llamado sistema democrático de las letras y su selectiva y nuevamente estratégica publicación.

Termómetros inclusivos y excluyentes

De lo anterior, queda la eminente y clara presencia, mayestática y pululante, de las universidades privadas en los rankings internacionales (anglicismo deplorable). Esto, en un régimen al exterior del cual, pretéritamente, sólo había presencia de universidades públicas y en constructivo descontrol. Ligamos tan fuertemente universidad con investigación, pues tal es la Hidra de Lerna de todo recomienzo. Se trata efectivamente de teratologías policéfalas: tal fue la lista del 2015 publicada por el Times Higher Education Supplement, en la que se publicó que las universidades de América Latina que entraron notablemente «al top», entre las 500 más reconocidas a nivel internacional, fueron (¿pero reconocidas para quién y por qué? ya lo veremos): la UNAM, México, universidad pública, que ocupó el puesto 74; la Pontificia Universidad Católica de Chile, privada, en el 228; la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el puesto 276; la Universidad de Chile, pública, sentada en el puesto 277; la Universidad de São Paulo, Brasil, en el 284; la Universidad Austral, Argentina, institución privada, sobre el puesto 289; el Tecnológico de Monterrey, México, organismo igualmente privado, en el 299; la Universidad ORT de Uruguay, privada, ocupando el lugar 329; la Universidade Federal de Rio de Janeiro, pública, en el 416; la Universidad de los Andes, Colombia, privada, en el 418; la Pontificia Universidad Católica del Perú, privada, llenando el puesto 418 junto a los Andes; la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil, centro de enseñanza privado, en el lugar 441; la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, en el 448; la institución pública Universidad del Estado de San Pablo, Brasil, ocupó el lugar 478, junto con, en el mismo puesto, la Universidad Iberoamericana (México), centro de estudios privado. La Universidad Torcuato di Tella (Argentina, privada), por último, en el puesto 493. ^[5]

Hablamos de dieciséis universidades, de las cuales nueve son privadas y siete públicas. Cualquier lector imprudente que observe la lista se pregunta: ¿qué sucede con Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia, Bolivia, entre otros? ¿Es que República Dominicana, Guatemala, Honduras o Costa Rica no poseen una educación y una producción intelectual y artística lo suficientemente visibles? Volvamos a la fuente: no sólo se trata de la parcialidad institucional y económica del patrocinador (THES), sino del QS TopUniversities, Worldwide university rankings, guides & events, entidad clasificatoria ante la cual cualquier otra intercesión se verá rezagada y cubierta, capturada de antemano. El pensamiento necesita intercesores, no peritos.

Se nos dice que el listado se sustentó en la información extraída a pares académicos, en la cantidad de artículos científicos publicados a nivel internacional, así como en la opinión de los empresarios de diversas multinacionales involucrados de una u otra forma, a través de sus empleados, con tales instituciones. Se nos dice también que se consideraron los criterios de aproximadamente cuatro mil docentes, la realización de encuestas indagatorias sobre cantidad de producción intelectual universitaria y el nivel de contratación profesional. Para calificar las publicaciones, se tomaron como fuentes de información, por supuesto, los artículos científicos en inglés realizados por cada universidad a partir de la base de datos Thomson Reuters, la servidora empresarial que de manera más eficiente regala la investigación a un mercado oligopólico.

Ahora bien, el ranking de universidades, para los años 2014-2015, se redujo capitalmente a cuatro: Universidad de São Paulo, Universidad de los Andes, Universidad Técnica Federico Santa María (Chile, privada), Universidad Estatal de Campinas (Brasil), sucesivamente. El desequilibrio estrepitoso, tendiente a semejante punta en tan corto período de tiempo es un signo angustiante de una enfermedad mayor. Antes que una encuesta o que un listado, se trata de la sintomatología de un nuevo y ominoso malestar en la cultura. En nuestra cultura.

Comentarios finales

No se requiere ser observador agudo o perteneciente al ámbito universitario para notar que la asignación de puntos por publicación de artículos de investigación se asemeja bastante a la estrategia de los grandes almacenes de cadena, que otorgan puntos por las compras de artículos. La terminología es especular: a mayor número de puntos, mayor capacidad adquisitiva; a mayor puntaje, mayor escalafón en el mercado profesoral y de indagación. Tristeza de las letras reducidas a una sumatoria económica. Plusvalía recusable, incremento de desperdicios y sobrantes. La escritura no perece por ausencia, sino por exceso. Las inmensas filas del supermercado se asemejan a los diciembres de la compraventa del pensamiento.

El basurero dominical y su colosal desazón es la imagen contemporánea del domingo institucional e investigativo presente. Desde luego, cada día tiene sus grandezas y sus hondas miserias. Siempre existirán búsquedas profundas nacidas de una necesidad y no de una compulsión de vender. Los matices son oxígeno contra la mediocridad y la soberbia. Empero, de la educación hecha empresa sólo resultarán cajeros del conocimiento. Cajas registradoras como centros de estudio.

El tropel y la inmediatez —estolidez— mercadotécnica, desde luego, es satelital, global: académico, económico y deuda son hoy tres palabras sinónimas: no se trata de una economía del discurso que lograse la síntesis del aforismo, sino la economía de calculadora a la hora de hacer las compras del papel higiénico al por mayor, la pasta dental, el detergente para la lavadora, etc. Se tantean productos, servicios y acciones como los endeudados evaluadores pesan artículos y los endeudados profesores palabras, frases y párrafos. Palabras en deuda, investigaciones en deuda. De tanto ruido y polvareda, de tanta espuma, salpicaduras y altavoces ¿restará aun cuando sea una gota espesa de aceite de cachalote en el temperamental océano de las letras, una vez que aquellos se disipen? Hasta que se deje de escribir, ya sea por miedo, por presión externa, por oportunismo temático, por competitividad empresarial o por figuración nominal, el naufragio de las letras en la mediocridad de lo indiferenciado será absoluto. Mac Ensayos por doquier, Burger-Artículos al infinito. Comida rápida, nada que requiera varios estómagos y una digestión lenta y pausada.

Referencias

Altbach, P. y Johnstone, D. 1993. The Funding of higher education: international perspectives. Nueva York: Garland Publishing.

Arancibia, J. (coord). 2010. «Síntesis de la investigación formación docente en América Latina, estudio de casos: Chile, Nicaragua, Perú y República Dominicana». Revista Docencia. 41: 81-88.

Benavides, G. 2011. «Mercantilización de la educación y comercio internacional». Expeditio. 8: 19-33.

Cañadell, R. 2008. «Cómo afecta la globalización a la educación». El Viejo Topo. 243: 41-45.

Estrada, J. 2002. «Organización mercantil y privatización de la educación: la mano dura de la ley». Educación y Cultura. 61: 26-31.

Oliveira, D. 2009. «Reformas educativas y redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado». En P. Gentili, G. Frigotto, R. Leher y F. Stubrin. (comps.). Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina (pp. 121-134). Rosario: Homo Sapiens Editores.

Ordorika S. y Navarro, M. 2005. «La mercantilización del trabajo académico en la universidad contemporánea» (pp. 1-33). En Higher Education Research as Basis for Public Policies. San Juan, PR: Puerto Higher Education Council Research and Information Centre.

Rama, C. 2010. «El nuevo escenario de la educación superior privada». Revista HISTEDBR On-line. 40: 3-23. Recuperado de http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/44/art01_44.pdf

Segrera, F. 2009. «La universidad latinoamericana y los procesos de internacionalización: las estrategias de financiamiento». En P. Gentili, G. Frigotto, R. Leher y F. Stubrin. (comps.). Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina (pp. 239-264). Rosario: Homo Sapiens Editores.

Torres, C. A. 2006. Educación y neoliberalismo: ensayos de oposición. Madrid: Editorial Popular.

Vallaeys, F. 2014. «La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización». Universia. 12: 105-117.

World Bank. 1994. Higher education: the lessons of experience, Washington D. C. World Bank.

World Bank. 2000. Higher Education in developing countries: peril and promise. Washington D. C.: World Bank.

Thomson Reuters. 2015. World University Rankings 2014-2015. Recuperado de https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking/region/south-america

Notas