10.18601/16577175.n32.03
Análisis de la información de desarrollo sostenible revelada por empresas pertenecientes al Sistema de Empresas Públicas de Chile (SEP)
Analysis of sustainable development information revealed by companies belonging to the system of Public Companies of Chile (SEP)
Fernando Morales Parada1
Areli Lucía Aguilera Pinto2
Małgorzata Wegrzynska3
Reinier Freddy Hollander Sanhueza4
1 Doctor en Contabilidad y Finanzas; docente en la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. Correo electrónico: fmorales@ubiobio.cl.
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9046-5407.
2 Contadora Pública y Auditora; egresada de la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. Correo electrónico: areli.aguilera1901@alumnos.ubiobio.cl.
3 Doctora en Finanzas y Contabilidad, docente en The University of Life Sciences in Poznan, Poznan, Polonia. Correo electrónico: malgorzata.wegrzynska@up.poznan.pl.
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3967-2632.
4 Magíster en Gestión, mención en Contabilidad y Finanzas; vicerrector de Asuntos Económicos en la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. Correo electrónico: rhollander@ubiobio.cl.
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1569-2076.
Código JEL: M14, M40, M49, Q56, Q58.
Fecha de recepción: 01/02/2023
Fecha de aceptación: 10/04/2023
DOI: https://doi.org/10.18601/16577175.n32.03
Resumen
La discusión sobre sostenibilidad, desde las acciones empresariales y su reporte, se ha tomado la agenda. Inversores verdes, estándares en materia de reporte sostenible y mayor transparencia no financiera son un imperativo. Aunque las empresas cotizadas cada día mejoran su reportabilidad, las empresas estatales parecen estar más ausentes de la discusión pública. En este estudio se analiza la información vinculada a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de 19 empresas del Sistema de Empresas Públicas (SEP) de Chile. Entre los resultados observamos escasos cumplimientos en diversos aspectos medioambientales y de acción social, así como brechas importantes entre sectores económicos.
Palabras clave: sostenibilidad, información no financiera, Agenda 2030, ODS, medio ambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG).
Abstract
The discussion on sustainability, from business actions and the report thereof, has taken the agenda. Green investors, sustainable reporting standards and greater non-financial transparency is an imperative. Listed companies improve their reportability every day, however state-owned companies seem to be more absent from the public discussion. This study analyzes information related to the Sustainable Development Goals (SDG) of 19 companies of the Chilean Public Companies System (SEP). Among the results we observe little compliance in various environmental and social action aspects, as well as significant gaps between economic sectors.
Keywords: Sustainability, Non-Financial Information, Agenda 2030, Sustainable Development Goals (SDG), Environment, Society and Governance (ESG).
Introducción
En la actualidad la ciudadanía está empoderada y exige a empresarios, políticos y accionistas mayores intervenciones que promuevan el cuidado del medio ambiente, el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida de las personas. Anteriormente se sugería la Responsabilidad Social Empresarial como la integración voluntaria de preocupaciones sociales y ambientales en las operaciones comerciales y las relaciones interpersonales de las empresas. Sin embargo, actualmente se espera que las empresas vayan más allá del cumplimiento de las obligaciones jurídicas e inviertan en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores para ser socialmente responsables (Barroso, 2008). Este cambio de enfoque refleja un compromiso mayor con el bienestar social y ambiental del entorno.
Al analizar las revelaciones realizadas por empresas del Estado chileno sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se observa que están obligadas a informar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y seguir las directrices del Sistema de Empresas Públicas (SEP) de Chile, que comparte los mismos criterios legales que las empresas cotizantes de la bolsa en el país. En consecuencia, para proporcionar a los grupos de interés información relevante para la toma de decisiones y la validación pública, estas empresas están integrando en sus reportes información no financiera. Este enfoque les permite a las empresas públicas del Estado chileno demostrar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.
El objetivo general es identificar y caracterizar la información emitida por las empresas que forman parte del Estado chileno y pertenecen al SEP , la cual incluye las propuestas, los programas y los proyectos realizados para mejorar la sostenibilidad, con el fin de conocer bajo qué estándares internacionales se prepara la entrega de esta información, y establecer cuáles son los ODS incluidos para este año.
La necesidad de realizar el presente estudio surge de reconocer que estas empresas tienen un mayor compromiso ético-social que cualquier otra compañía privada del país, y que es necesario mejorar el conocimiento que las personas tienen del quehacer empresarial chileno, así como las repercusiones de las empresas del Estado en la comunidad y el medio ambiente.
1. Marco teórico
En 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se abordaron temas globales y se ratificó el compromiso de alcanzar los ODS. El concepto se originó en 1969, con treinta y tres países africanos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) liderando el camino. La Agenda buscaba avanzar hacia un desarrollo sostenible que involucrara esfuerzos conjuntos con el fin de asegurar el futuro de las próximas generaciones. Con el tiempo se tomó mayor conciencia de la necesidad de hacer un uso sostenible de los recursos, pero no fue hasta 1987 que se definió a nivel mundial como "aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras" (Brundtland, 1987). Esta definición surgió en el marco del Informe Brundtland de las Naciones Unidas como respuesta a la preocupación por el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global y otros problemas ambientales relacionados con el estilo de vida y la industrialización.
Además de definir el desarrollo sostenible, se establecieron las primeras directrices de los principios legales de protección medioambiental y se definió el papel de la economía internacional, estableciendo políticas que integraran la igualdad social, el desarrollo económico y la problemática ambiental, involucrando a todos los países en dichas políticas.
En 1992 la Declaración de Río de Janeiro consagró una serie de principios sobre desarrollo sostenible, especialmente en materia de Consumo y Producción Sostenible (CPS), y señaló que las naciones deben reducir y eliminar las prácticas insostenibles, diseñando y aplicando políticas y estrategias en favor del desarrollo sostenible. Se reconoció la necesidad de abordar los desequilibrios en las modalidades mundiales de consumo y producción. En 2000, ciento ochenta y nueve países firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con el fin de crear un entorno propicio para el desarrollo y la eliminación de la pobreza.
En la Cumbre Mundial de la ONU para el Desarrollo Sostenible de 2002 en Johannesburgo se reconoció que la erradicación de la pobreza, la adopción de prácticas sostenibles y la gestión de los recursos naturales son requisitos fundamentales para el desarrollo sostenible. Entre 2003 y 2011 se llevó a cabo el Proceso de Marrakech para apoyar la implementación de políticas y proyectos piloto sobre CPS y desarrollar un conjunto de programas a diez años sobre la materia, culminando en la aprobación del Marco Decenal del Programa sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, conocido como "10 Year Framework of Programmes" (10YFP).
Finalmente, y como resultado de las instancias internacionales previamente mencionadas, en septiembre de 2015 surgió la Agenda 2030.
En septiembre de 2015 la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible estableció la Agenda 2030, un plan de acción acordado por ciento noventa y tres países para mejorar la vida de las personas, erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar, proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático (General Assembly, United Nations, 2015). La Agenda incluye diecisiete ODS y ciento sesenta y nueve metas que abordan de manera equilibrada las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. En la figura 1 se muestran los ODS contemplados en la Agenda 2030:
Estudios recientes muestran avances hacia los objetivos de consumo sostenible, identificando prácticas que promueven cambios en los hábitos y las conductas de compra, alineándose con los ODS. Para lograr un progreso armónico y reducir el impacto ambiental, es necesario un cambio de valores en la producción y el consumo, considerando la conciencia sobre los problemas sociales; además, es imprescindible constituir la mejor estrategia para abordar la perspectiva cultural y así disponer de un sólido cuestionario que permite generar diagnósticos que conduzcan a investigaciones explicativas, proyectivas y aplicadas (Acuña-Moraga et al., 2022).
La OCDE destaca que Chile ha logrado avances significativos en la promoción de prácticas medioambientales mediante instrumentos no reglamentarios que incluyen acuerdos de producción limpia, iniciativas de responsabilidad social empresarial en sectores exportadores, guías sectoriales para prácticas ecológicas y el inicio de un régimen de compras públicas sostenibles. A fin de aportar un marco referencial, a continuación se exponen los alcances de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y del Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenible, para luego abordar la contratación pública como una modalidad de CPS (Parra, 2018).
La sostenibilidad ha ganado importancia a nivel mundial, tanto para las empresas como para las personas. Edwards (2005) describe el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad que está ocurriendo en todo el mundo, para lo cual examina el impacto ambiental y social negativo de la industrialización y el capitalismo global y argumenta que es necesario un enfoque más sostenible para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos. Las empresas reconocen ahora la necesidad de tener en cuenta la responsabilidad ambiental y social, y la sostenibilidad se ha convertido en una parte fundamental de sus operaciones. Elkington (1997) propone el concepto de triple resultado, que implica que las empresas deben considerar no solo su desempeño financiero, sino también sus impactos sociales y ambientales. Elkington (1998) propone un nuevo enfoque empresarial (Triple Bottom Line -TBL-) mediante el cual las empresas consideren los impactos sociales y ambientales de sus acciones, en lugar de solo centrarse en las ganancias. Slaper y Hall (2011) destacan la importancia de medir los impactos en los aspectos económico, social y medioambiental, y cómo la implementación del TBL puede mejorar la sostenibilidad de las empresas y la sociedad en general.
Para alcanzar la sostenibilidad es necesario que las empresas implementen prácticas de gestión ambiental, social y económica, lo cual incluye reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, gestionar los recursos naturales de manera responsable, implementar prácticas laborales éticas y contribuir con el bienestar de las comunidades locales. Según Porter y Kramer (2011), estas prácticas son importantes no solo desde una perspectiva ética, sino también empresarial, ya que las empresas sostenibles tienen una ventaja competitiva. Las empresas que priorizan en sus operaciones la responsabilidad ambiental y social reconocen su papel en la protección del planeta y la promoción de la justicia social. Además, priorizan iniciativas que reducen su impacto ambiental y benefician a las comunidades locales. Por ejemplo, algunas empresas invierten en fuentes de energía renovable para reducir su huella de carbono, mientras que otras colaboran en esfuerzos filantrópicos que apoyan a organizaciones benéficas locales e iniciativas sociales.
El concepto de desarrollo sostenible sigue siendo debatido en la actualidad, sin que se logre un consenso respecto de los elementos que deben mantenerse. Riechmann (1995) busca clarificar el término a fin de establecer criterios prácticos de sustentabilidad. El desarrollo sostenible implica preservar los recursos naturales (Carpenter, 1991) para futuras generaciones, conservando la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Redclift (2002) resalta la importancia del balance entre recursos naturales y consumo, promoviendo una economía sostenible a largo plazo, mejorando la calidad de vida y la equidad.
Bojö et al. (1990) consideran el desarrollo sostenible como un estado de equilibrio que implica la óptima utilización de los recursos humanos, físicos y medioambientales. El objetivo es progresar sin agotar los recursos y sin comprometer el bienestar de las generaciones presentes y futuras, adaptarse a los procesos y ciclos naturales, y satisfacer las necesidades actuales de los seres humanos sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. En esencia, el desarrollo sostenible busca el equilibrio entre la creación de riqueza, el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente, con el fin de que las personas coexistan con la naturaleza y utilicen los recursos de forma responsable.
La sustentabilidad no implica sacrificar el desempeño financiero de las empresas; de hecho, puede mejorarlo al invertir en prácticas sostenibles que reducen los costos, mejoran la eficiencia y atraen clientes interesados en negocios éticos (Ameer y Othman, 2012). La información ESG también es crucial para los inversores en la toma de decisiones (Correa y Hernández, 2017). Finalmente, la sostenibilidad puede mejorar la rentabilidad y la reputación de una empresa, además de reducir los riesgos ambientales y sociales (Salzmann et al., 2005).
En su estudio Ferrero (2014) analiza cómo las prácticas de sostenibilidad pueden influir en el costo de capital y en la reputación corporativa de una empresa. Las compañías sostenibles podrían disfrutar de costos de capital más bajos si reducen la percepción de riesgo de los inversores, lo que aumenta la disponibilidad de financiamiento sostenible. Además, la reputación corporativa puede verse afectada tanto positiva como negativamente por las prácticas de sostenibilidad adoptadas por las empresas. En resumen, las compañías que adoptan prácticas de desarrollo sostenible pueden obtener beneficios financieros y de reputación.
Es crucial que las empresas adopten prácticas sostenibles para mejorar su competitividad y promover el desarrollo sostenible. Hoy en día los inversores se interesan más por las empresas sostenibles, teniendo en cuenta tanto sus beneficios financieros como su impacto social; es decir, buscan empresas que den prioridad a la responsabilidad medioambiental y social, reconociendo la importancia de la sostenibilidad para los resultados financieros. Esto pone de manifiesto que la sostenibilidad no es sólo una obligación moral sino también un factor decisivo para el éxito financiero.
El reporte empresarial es una herramienta clave para comunicar los esfuerzos de sostenibilidad de una empresa, por lo que debe ser transparente y verificable, e incluir información sobre su gestión ambiental, social y económica, así como sus objetivos y logros en términos de sostenibilidad. Según Adams et al. (2016), es importante que el reporte se base en métricas claras y reconocidas internacionalmente, y que sea auditado por una entidad independiente.
La elaboración de una memoria de sostenibilidad es una de las formas con que cuentan las empresas para dar a conocer su compromiso. La memoria sirve como herramienta de comunicación que mide y comunica el impacto de la empresa en términos económicos, sociales y medioambientales. Según la Global Reporting Initiative (GRI), las organizaciones pueden medir, comunicar y ser transparentes sobre su desempeño sostenible a través de esta práctica clave. Las normas de la gri exigen abordar una serie de aspectos y temas, como el perfil organizativo, la estrategia y el análisis, la gestión de cuestiones específicas y los resultados económicos.
A través de la memoria de sostenibilidad las empresas pueden detallar los retos y riesgos que afrontan, demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible y obtener beneficios, como la mejora de su reputación y su imagen ante los inversores, los cuales buscan cada vez más empresas comprometidas con la sostenibilidad, ya que no sólo son éticas, sino que también pueden generar fuertes rendimientos financieros y valor a largo plazo. El informe incluye métricas como la reducción de emisiones de carbono y acciones comunitarias, proporcionando a los inversores información clara sobre el compromiso de la empresa y su impacto en el medio ambiente y la sociedad.
La presentación temprana de informes de rendimiento proporciona una ventaja a las organizaciones, ya que mejora su reconocimiento y reputación entre las partes interesadas que, según la definición de Freeman (2010), comprenden grupos e individuos que pueden influir o verse influidos por los objetivos de la empresa, incluidos accionistas, empleados, clientes, proveedores, gobiernos y medios de comunicación, entre otros. De acuerdo con la teoría de las partes interesadas, las empresas responden a las presiones y establecen conexiones con estos grupos a través de la divulgación de información no financiera, como los informes anuales de desempeño ESG. Como sugieren Durán y Rodrigo (2018), las empresas pueden utilizar la divulgación ESG para comunicar sus esfuerzos no financieros y satisfacer los requisitos de información de las partes interesadas.
Según FASB (2001), la información no financiera, también conocida como información no monetaria (Malgioglio et al., 2012), es aquella que no aparece en los estados financieros tradicionales y puede incluir información obligatoria y voluntaria. Su objetivo es proporcionar datos sobre aspectos del negocio no reflejados en los estados financieros básicos. Esta información generalmente es voluntaria y no está sujeta a normativas legales o contables. Dentro de la información no financiera se distinguen dos categorías: "Memorias o Informes de Sostenibilidad" e "Informes de Gobiernos Corporativos".
La creciente expectativa de los ciudadanos porque las empresas desempeñen un papel activo y voluntario en la mejora de la sociedad, la economía y el medio ambiente subraya la importancia de formar equipos de responsabilidad social y gobernanza empresarial. La transparencia en las operaciones empresariales es crucial e implica no sólo la conformidad con los requisitos legales, sino también la rendición de cuentas y la toma de decisiones basadas en los ODS. Por lo tanto, como afirma Bacigalupo (2020), el cumplimiento de estas normas diferencia las empresas del futuro de las del pasado.
1.1. Contexto normativo
La CMF es el organismo al cual las empresas pertenecientes al sistema de empresas (SEP Chile) remiten toda su información tanto financiera como no financiera, y por ende es su organismo fiscalizador, por lo que dichas empresas deben cumplir con todos sus requerimientos, legislaciones y normativas. Su misión consiste en velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, los reglamentos, los estatutos y otras disposiciones que las rigen, desde su inicio hasta su liquidación, ejerciendo una rigurosa fiscalización sobre todas sus operaciones (Camacho, 2015).
Por lo anterior, la CMF se concibe como un servicio público de carácter técnico que tiene entre sus principales objetivos propiciar el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando de esa manera la participación de todos los agentes de mercado (Morales, 2018), para lo cual mantiene una visión general y sistémica, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público (Ríos, 2020); de ese modo queda en evidencia la consideración de los principios de transparencia, debido a que la Comisión pone a disposición de los mercados y de la ciudadanía toda la información referida a su rol de supervisor, regulador y sancionador de los mercados financieros (Comisión para el Mercado Financiero, s.f.).
En noviembre de 2021 la CMF publicó en Chile la Norma de Carácter General n.° 461 (NCG 461), que incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales, y se aplica a las entidades supervisadas por la Comisión, entre las que se encuentran las empresas del presente estudio. En otros desarrollos normativos la norma les exigió a los emisores de valores implementar los estándares de divulgación del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), y en la redacción de los principios de la guía para la divulgación de información tener en consideración algunos principios del Task Force on Climate. Related Financial Disclosures (TFCD). La guía para una divulgación de calidad comprende tres principios para presentar los reportes:
Aunque esta norma representa un avance como guía para reportar la información de RES, aún es bajo el requerimiento respecto de la información medioambiental, por lo que las empresas SEP se acogen a los requisitos de la circular de la CMF n.° 1.901 del 30 de octubre de 2008, que imparte instrucciones respecto de la información adicional que deben contener los estados financieros en relación con el cumplimiento de las ordenanzas y leyes relativas a los procesos e instalaciones industriales, y cualquier otro que pudiera afectar en forma directa la protección del medio ambiente, señalando además los desembolsos comprometidos y las fechas estimadas en que serán efectuados (EmporMontt, 2021).
1.2. El Sistema de Empresas del Estado (SEP Chile)
Este organismo técnico se encarga de maximizar el beneficio de las empresas estatales. Trabaja sobre dos ejes fundamentales: articula la relación entre las empresas públicas y el Estado para que puedan cumplir su mandato estratégico de contribuir al desarrollo del país; además de colaborar activamente con los gobiernos corporativos y las administraciones de las empresas estatales con miras al cumplimiento de sus metas (Sistema de Empresas SEP Chile, 2022).
Además de su deber de informar al SEP Chile, las empresas de la figura 2 son entidades que por disposición legal (Ley 20.382) están sometidas a la fiscalización y control de la CMF, sean o no emisoras de valores de oferta pública. Por lo tanto, les corresponde a sus directivos realizar la confección de sus reportes mediante las directrices definidas tanto por la CMF chilena como por el organismo técnico SEP, es decir, confeccionan su memoria anual acorde a los entándares exigidos por la Comisión para el mercado financiero y respetando las exigencias del Código SEP.
A continuación, algunas estadísticas económicas relativas al conjunto de empresas del SEP (figura 3):
Según Anguiano et al. (2021) la divulgación de información sostenible en el sector agroalimentario de España aún puede mejorar, lo que ayudará a tener información sobre los procedimientos y métodos a utilizar para recopilar la información requerida en la presente investigación. Los resultados indican que las empresas tienen dificultades (o poco interés) en divulgar información sobre bloques como el de medioambiente, derechos humanos, y anticorrupción y soborno.
Rincón (2021) busca establecer una relación directa entre estas entidades y su sostenibilidad económica, social y ambiental y señala que luego de la crisis económica y social del año 2008 el sistema económico y social no prosperó, por lo que se evidencia la necesidad de un nuevo modelo económico que sea sostenible en el tiempo, capaz de mejorar el desarrollo social y hacer crecer la economía sin dañar el planeta ni comprometer a las futuras generaciones, como lo afirma el Informe Brundtland (1987).
En América Latina existen estudios que abordan los temas de RES que ya están institucionalizados en las políticas públicas nacionales, en las prácticas organizacionales y en las actitudes y comportamientos de las personas, pero con una brecha importante entre las empresas grandes/multinacionales y las pymes. Según Gómez (2021), actualmente la región enfrenta profundos conflictos socioambientales debido al modelo extractivista que ha reprimarizado las economías de la mayoría de los países. Este concepto de reprimarización se refiere a la gran cantidad de exportaciones de productos primarios y el poco proceso de transformación de esos productos, lo que afecta el desarrollo económico y ambiental en los países de la región.
En Chile la Ley de Representación de Género en los Directorios de Empresas Públicas limita su impacto. Sin embargo, las empresas del Estado tienen sus propios métodos para designar sus directivos. Por su parte, las SEP han dado un paso para asegurar la igualdad de género a través de una política de inclusión. Esta estrategia fue implementada durante el gobierno de la expresidenta Bachelet y confirmada por el presidente Piñera (Cabello, 2021).
En el caso de los países europeos, numerosos estudios científicos se refieren a la información no financiera ya que el asunto tiene una mayor data temporal de discusión, adopción y valoración social y de interés académico. En la literatura europea se define como un enfoque holístico para informar si una organización determinada les permite a las partes interesadas comprender cómo funciona realmente y cuáles son los efectos de su actividad (Bek-Gaik y Rymkiewicz, 2017). Según muchos autores, el reporting integrado es un concepto cuyo objetivo es presentar el efecto global de la gestión de una entidad económica, incluyendo tanto la información financiera como la no financiera en el ámbito del medio natural, el empleo y otras áreas de impacto social y ambiental (Garstecki, 2015). La investigación sobre divulgaciones no financieras es extremadamente popular y la contribución de los científicos europeos es significativa. Entre los autores polacos que sin duda han hecho una gran contribución al estudio de las direcciones de desarrollo de los informes no financieros se pueden incluir Dyczkowska (2009, 2012, 2019), Turyna (2011), BłaAQUI VA SIMBOLOyńska (2015), Luty (2010) y Samelak (2004).
En el caso de la investigación global, merece atención la dirección del desarrollo de la información financiera en la que el informe tradicional se amplía para incluir la información no financiera. La primera investigación mundial sobre narrativas contables se publicó hace casi cincuenta años en las mejores revistas estadounidenses (The Accounting Review and The Journal of Accounting Research), principalmente por F. J. Soper y R. Dolphin Jr. (1964). Además, han aportado valiosamente al tema otros autores que abordan la importancia de la comunicación efectiva en la información financiera y su impacto en la comprensión y toma de decisiones de los usuarios (Haried, 1972, 1973; Li, 2008; Morton, 1974; Nazari et al., 2017; Smith y Smith, 1971 y Viven, 2014).
Como señalan los autores, este informe tiene muchas ventajas, entre las que se incluyen, sobre todo, una presentación clara y concisa de la capacidad de la empresa para crear valor a corto y largo plazo; entregar la información tanto financiera como no financiera; reconocer los logros económicos, sociales y ambientales de la empresa; orientar estratégicamente hacia el futuro; reducir las divulgaciones irrelevantes para los destinatarios de la información; minimizar el enfoque de los resultados a corto plazo y centrarse en las consecuencias más amplias y a largo plazo de las decisiones tomadas; comprobar las conexiones entre factores dentro y fuera de la empresa y el impacto en otras entidades; resaltar el contexto de las divulgaciones individuales y las interrelaciones entre ellas, y presentar una mejor imagen del modelo de negocio (Michalczuk y Mikulska, 2014).
Se puede decir que las anteriores ventajas se traducen en beneficios que pueden obtener todos los grupos de interés que utilizan el informe; es decir, recibir información más transparente en áreas como estrategia, riesgo o creación de valor. Por otro lado, los principales problemas relacionados con la información integrada incluyen la falta de una uniformidad en su presentación, y la credibilidad de los datos presentados, principalmente de carácter prospectivo y no financiero. También se enfatiza que la cantidad de información contenida en estos informes dificulta la identificación de información relevante para las partes interesadas. Otro problema es la falta de un conjunto de indicadores que permitan evaluar los efectos de las actividades de la organización, que se prefiere divulgar en informes integrados, lo que afecta significativamente la falta de comparabilidad (Bek-Gaik, 2016).
En resumen, el nuevo enfoque del reporting consiste en combinar en un todo coherente la información financiera y no financiera significativa, actualmente presentada en documentos separados. La aceptación de la nueva idea no es obvia ni fácil para todos, porque el reporte integrado requiere una forma diferente de pensar sobre los factores de éxito de la empresa y percibir la importancia de otros capitales fuera de la empresa (Krasodomska, 2016). Por lo tanto, prepararse para los nuevos desafíos relacionados con la información integrada será un gran desafío para los gerentes y contadores de estas empresas.
2. Diseño metodológico
En el presente estudio se empleó una metodología de tipo exploratorio-descriptiva utilizando como herramienta la revisión documental, recopilando datos de los reportes anuales o integrados del año 2021 que se encuentran de las empresas en cuestión, principalmente los emitidos directamente a la CMF, y también los reportes entregados a la SEP Chile por cada organización incluida en la muestra. Se escogió este segmento de empresas por la relevancia de sus operaciones para la ciudadanía chilena, puesto que, al pertenecer al Estado, les correspondería priorizar las buenas prácticas, el compromiso con el cuidado medioambiental, y la responsabilidad con la ciudadanía, y con ello, la apropiada divulgación de dicha información. Estas empresas aportan más de USD$170 millones al fisco y Chile.
El universo de la muestra corresponde a todas las empresas públicas (38) entendidas como aquellas en las que el Estado tiene participación accionaria superior al 50% del capital social, las que han sido creadas por ley, o las que, según la Ley 20.285, tienen la capacidad de nombrar su directorio encargado de velar porque la asignación de recursos públicos obtenidos por dichas empresas sea utilizada de manera correcta y eficiente, resguardando el patrimonio del pueblo chileno que es administrado por dichas organizaciones.
Actualmente de esas treinta y ocho empresas estatales, seis no se encuentran vigentes, ya sea por liquidación o por cancelación de su inscripción en la CMF; de las treinta y dos empresas restantes que rinden sus reportes mediante memorias anuales a la CMF, veinte deben entregar su información financiera y prepararla mediante las directrices del Código SEP (Sistema de Empresas), a las cuales SACOR se encontró sin operaciones comerciales el pasado año 2021, por lo que la muestra empleada en el estudio corresponde a diecinueve empresas (tabla 1).
La recolección de datos se efectuó a partir de memorias anuales, informes de sostenibilidad, y/o reportes integrados corporativos según la disponibilidad en sus website. El análisis de datos es tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. Respecto al ámbito cualitativo, se reconocen todas las actividades, proyectos, mejoras y adopciones de objetivos a realizar por las empresas chilenas para obtener un sistema de vida más sustentable. A su vez, será de tipo cuantitativo ya que se medirán los ODS que son abordados por las empresas del Estado y aquellos en los que aún no se trabaja.
Para el análisis de datos se utilizaron listas de chequeo compuestas por los 17 ODS, se realizó un análisis cualitativo de los datos recopilados utilizando la técnica de minería de texto que ofrece a la organización la posibilidad de explorar grandes cantidades de textos no organizados en forma de datos, establecer patrones y extraer conocimientos útiles (Botta-Ferret y Cabrera-Gato, 2007). También se compararon los ODS establecidos en la Asamblea General de Naciones Unidas el año 2015 con el fin de determinar aquellos que forman parte de los proyectos llevados a cabo por las empresas observadas.
3. Resultados y discusión
Para definir los resultados de esta investigación se analizaron las diecinueve memorias anuales del año 2021 de las empresas que forman parte del holding de empresas de propiedad del Estado chileno, y cuyos informes anuales son preparados bajo las directrices de la CMF y el Código SEP. De ellas se extrajo información relevante respecto de las iniciativas, los proyectos y las acciones que tienen directa influencia en alguno de los diecisiete ODS planteados en la ONU para el cumplimiento de la Agenda 2030. Las empresas de la muestra corresponden en un 52,63% al sector portuario, un 10,53% al sector transporte y un 36,84% al sector servicios, como se expone en la figura 4.
Del análisis se concluye que al aplicar los programas y actividades relacionadas con el desarrollo sostenible, las empresas son capaces de enfrentar dieciséis de los diecisiete ODS establecidos en la Cumbre de las Naciones Unidas en 2015. Según lo observado en la figura 4, entre todas las empresas del universo de la muestra, existe un impacto promedio del 40% en el cumplimiento de los ODS, lo que se considera un bajo nivel de cumplimiento para el universo de la muestra, pues el porcentaje varía al segmentar la muestra en los tres sectores industriales a los que pertenecen las empresas públicas incluidas en el estudio; el sector portuario (48%), el sector transporte (24%) y el sector servicios (33%); cabe destacar que el sector con mayor nivel de cumplimiento identificado corresponde al portuario.
Al analizar individualmente las empresas portuarias se observan mayores diferencias: la empresa de Valparaíso se destaca durante este estudio al obtener el más alto nivel de intervención en quince ODS (88% de cumplimiento); para llegar a ello desarrolló múltiples programas, iniciativas, y proyectos enfocados en áreas como la de energía sustentable mediante su plan de descarbonización; relacionamiento sostenible con sus stakeholders por medio del plan "Valparaíso Dialoga", y dieciséis convenios de colaboraciones con organizaciones sociales, cuidado de vida submarina y del recurso hídrico, mediante el acuerdo de producción limpia y el plan de integración de ODS a través de una mesa de trabajo dedicada exclusivamente a su desarrollo (SEP Chile, 2021).
Por el contrario, aquella empresa del sector portuario con menor alcance fue la Empresa Portuaria Austral con un 29% correspondiente a sólo cinco ODS: salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, igualdad de género, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Una explicación de esta gran diferencia es que la empresa con el mayor porcentaje creó un departamento exclusivamente encargado al desarrollo sostenible aportando recursos para ello.
El sector industrial transporte es el más débil observado en el estudio puesto que la empresa EFE aborda un 12%, que corresponde a sólo dos ODS: el ODS 4 "Educación de calidad" mediante el desarrollo de cursos de capacitación a sus colaboradores o la promoción de la lectura en rutas y estaciones, y el ODS 11 "Ciudades y Comunidades Sostenibles", mediante campañas de seguridad en las comunidades aledañas a la vía férrea y programa de trenes turísticos y patrimoniales. Por otra parte, la empresa Metro aborda sólo seis ODS lo que representa el 35% de cumplimiento de los ODS, rango que se encuentra bajo la media de las empresas de la muestra.
Las empresas de Servicios mantienen cuatro empresas con un índice inferior a la media (40%) observada en la muestra, lo que significa que el nivel de intervención en ODS es bastante bajo para este sector, siendo Polla chilena de beneficencia la empresa con el menor índice de ODS impactados (19%) correspondiente a tres ODS: el ODS 12, Producción y consumo responsables, el ODS 5, Igualdad de género y el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico.
Por otra parte, el ODS 11, "Ciudades y Comunidades Sostenibles", es abordado por quince de las diecinueve empresas, lo que indica que existe un importante compromiso de las empresas por mejorar las condiciones de calidad de vida de las comunidades circundantes (figura 5).
El ODS 2, "Cero Hambre", no fue abordado por ninguna compañía, lo cual se puede explicar porque los niveles de nutrición en Chile se ven afectados pero hacia el sobrepeso y la mala elección de los productos alimenticios más que por su falta, como lo demuestra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en su estudio sobre el tipo de alimentación: "El patrón alimentario de los hogares en Chile no es saludable. Hay un bajo cumplimiento de las recomendaciones de consumo de frutas, verduras, legumbres y pescados" (2021). Otros objetivos altamente intervenidos por los programas de las empresas chilenas fueron el ODS 3, "Salud y Bienestar; el ODS 8, sobre "Trabajo decente y crecimiento económico", y el ODS 9, "Industria, Innovación e Infraestructura" a los que se refirieron en sus reportes doce de diecinueve empresas (63,1%). Por el contrario, aquellos ODS menos impactados por los programas, actividades y propuestas en el muestreo fueron; el ODS 1 "Fin de la pobreza", con sólo 2 empresas invirtiendo en ello; el ODS 14 "Vida submarina", con sólo un 16% de las empresas con operaciones que impactan este objetivo. Y el ODS 15 "Vida de ecosistemas terrestres".
Según el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y El Caribe, Chile ocupa el primer lugar en avance de cumplimiento de los ODS a nivel latinoamericano con un 73,68% (Aravena, 2021). Se debe tener en cuenta el diseño de la medición para contrarrestar la diferencia respecto de los resultados del presente estudio, ya que en él mide la cantidad de objetivos impactados por cada empresa en relación al total de objetivos (17). Sin embargo, no se compara el avance respecto de años anteriores o de las empresas de otros países. También es necesario destacar que las empresas del Estado son públicas y conforme a las leyes chilenas tienen la obligación de presentar sus memorias anuales conforme a las recomendaciones de la SEP Chile, las regulaciones de la CMF y la ley que regula las sociedades anónimas.
El estudio reveló las brechas del desarrollo sostenible que concreta una empresa respecto de otra, independiente del sector económico al que se dedica. A pesar de que diversos estudios indican que Chile ocupa el primer lugar en desarrollo sostenible, y el puesto número 28 entre ciento noventa y tres países por su capacidad de intervención en cuanto a sostenibilidad (De Vicente, 2023), no deja de ser relevante que, pese a los esfuerzos que han realizado las empresas públicas del país, estos continúan siendo insuficientes o bajos en promedio, según los resultados de este estudio conforme a la necesidad y urgencia evidenciada en las asambleas de la ONU .
Por otra parte, según coincidencias de este estudio respecto de la información emitida por el banco central, se pudo corroborar que el ODS con menor intervención del país es el 2, Cero Hambre, ya que Chile no se destaca internacionalmente por mantener problemas de abastecimiento alimenticio hacia su población, lo que también coincide con la casi nula intervención del ODS 15, Ecosistemas Terrestres, el cual debe ser mirado más profundamente. Según el Banco Central "Si bien Chile figura como el país con el mejor promedio a nivel regional, destacan negativamente algunas materias debido al rezago crítico para su cumplimiento, el ODS 10 (reducción de desigualdades) por su bajo desempeño y el ODS 15 (ecosistemas terrestres), por su baja posición y progreso" (Morales et al., 2022). Pese a las diferencias en la forma de medición se observan coincidencias en el ranking de ODS más y menos intervenidos por las empresas chilenas.
Conclusiones
En este estudio se identificaron las acciones tomadas por las empresas pertenecientes al Estado chileno conforme al desarrollo sostenible y que divulgan en reportes corporativos. Se dimensiona la importancia de las empresas públicas y las consecuencias de su intervención tanto para el medio ambiente como para el desarrollo de la sociedad y las ciudades.
La sostenibilidad se ha convertido en un tema de importancia global tanto para las empresas como para las personas. Para alcanzar la sostenibilidad empresarial es necesario que las empresas implementen prácticas de gestión ambiental, social y económica, lo que incluye reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, gestionar los recursos naturales de manera responsable, implementar prácticas laborales éticas y contribuir con las comunidades locales. Además, la definición de desarrollo sostenible varía según el autor, pero en general se centra en mantener los recursos naturales para las generaciones futuras, mientras se promueve la economía sostenible y se mejora la calidad de vida y la equidad. En resumen, la sostenibilidad es esencial para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos, y las empresas tienen un papel clave en la promoción de prácticas sostenibles y en la protección del planeta y la sociedad.
A pesar de que Chile es considerado en diversos ranking como un país de buen nivel empresarial latinoamericano, es necesario aumentar los niveles de exigencia de las intervenciones a favor del medioambiente y la sociedad (sostenibilidad) para lograr los niveles deseados hacia 2030, ya sea mediante la obligatoriedad de una cantidad mínima de ODS intervenidos, la uniformidad en el uso de estándares para realizar la entrega de la información, o el cumplimiento de metas previa propuestas anuales que permitan realizar una comparabilidad efectiva de los datos entregados por las empresas.
Es importante mencionar que dentro de la muestra existen grandes brechas entre empresas y sectores industriales, lo que debería ser objeto de estudio más profundo para homogeneizar los alcances de las empresas del estado en su conjunto en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, considerando su influencia en la sociedad y la relevancia que le brinda el pueblo chileno a los aportes que pueda realizar este conjunto de empresas, utilizando alguno de los estándares desarrollados a nivel mundial y mediante una normativa que exija uniformidad en los reportes de información no financiera.
Entre las limitaciones de esta investigación se cuenta que el trabajo de campo se ha explorado a partir de la observación directa, lo que no está exento de posibles omisiones o errores en la lectura de los reportes consultados. Como idea de continuidad, sería interesando seguir explorando el sector público, no sólo empresarial, sino de reparticiones públicas como las universidades estatales, los gobiernos locales y sus municipios, e incluso direcciones dependientes de ministerios.
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