Descripción: “...La atenta lectura de expedientes del archivo regional de Ayacucho - a despecho de quienes creen que los expedientes judiciales son fríos testimonios de incidencias procesales inútiles - han constituido una verdadera inspiración para la presente investigación a manera de artículo científico de corte histórico corto , el cual busca transmitir a la sociedad en conjunto cómo – a partir de la interactuación de sociedad y derecho, las sociedades se juridizan, denotando esas circunstancias de participación de profusión normativa como rasgos acusados de la sociedad aún desde la colonia, que a decir con propiedad, pareciere una caja de Pandora, pues, la primera mitad del siglo XIX , resultó ser una etapa difícil, y obviamente la que concentró interés; es decir, aquella caracterizada por el decaimiento y fin del imperio español y el surgimiento de la nueva República; estos dos grandes acontecimientos históricos y fundamentalmente a la par de los últimos años del coloniaje y los primeros de la República evidentemente constituyen   fuente preponderante de información histórico jurídica para el presente estudio, de ahí que, las constataciones precisas de cómo, durante los primeros años de la vida republicana, continuó rigiendo el Derecho Colonial en su forma recopilada, y el porqué de la permanencia de leyes civiles que quedaron vigentes durante prácticamente toda la mitad del siglo XIX estuvo marcada de una hiperlexia, término cuya significación la acuñó Bayliss Manning, en los años 1970s en los Estados Unidos, como un concepto socio-jurídico para aludir al incremento ‘irracional’ de juicios y leyes, para entender cómo y por qué las sociedades se juridizan y cómo y en qué circunstancias ...”

Descripción: “...  Históricamente han surgido iniciativas anticorrupción, entre ellas a nivel de país como ocurrió con la ley FCPA (Estados Unidos, 1977), a nivel regional con la Convención Interamericana Contra La Corrupción (CICC- Caracas, 1996) y a nivel internacional con la  Convención Anti cohecho de la OCDE (1997), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus Protocolos complementarios (2000) y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUC, 2003)....”