Descripción: “...Como hallazgos de la investigación encontramos que el Estado adelantó 31 millones de dólares a la empresa Hidalgo & Hidalgo, garantizado con una compañía de seguros que no ha honrado su obligación como fiadora. El Artículo 111 de la Ley 61 de 2017 se refiere a la constitución de fianzas: en efectivo, en títulos de créditos del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros o mediante garantías bancarias o en cheques certificados o de gerencia y llegamos a determinar que más del 90% de las garantías se constituyen con aseguradoras, porque la Contraloría le ha autorizado un formato de tres páginas de concesiones que las libera de su responsabilidad....”

Descripción: “...Normas Acusadas: Artículos 1141 y 1735 del Código Civil, artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, artículo 73 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 y literales n y p del artículo 1 de la Resolución N°62 de 2 de abril de 2003. ...”

Descripción: “...Puede definirse la Jurisprudencia en el Canal de Panamá como los fallos, llámense resoluciones y/o decisiones, que realiza la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá (JRL-ACP), como Tribunal Superior de Justicia dentro de la Jurisdicción Independiente Judicial de la República de Panamá, cuando lo ha realizado al aplicar en los casos sometidos a su jurisdicción, fundamentándose principalmente pero no exclusivamente en la Ley Orgánica de la ACP y sus Reglamentos; en términos más concretos y corrientes, está formada por el conjunto de sentencias dictadas por sus cinco (5) Miembros (Magistrados Superiores) sobre una materia determinada como lo es todo lo concerniente en Derecho Laboral exclusivo para el Canal de Panamá, o sea, las Relaciones Obrero-Patronal. ...”

Descripción: “...La existencia del Registro Público de Panamá se sustenta en el Título II del Libro Quinto del Código Civil de la República de Panamá aprobado mediante la Ley N°2 de 22 de agosto de 1916 que comenzó a regir a partir del 1 de octubre de 1917 y con un objetivo específico “Según el nuevo sistema de registro disminuirán considerablemente las controversias sobre el dominio de inmuebles en que deba hacerse valer el derecho, de prescripción”.1 En resumen, la inscripción tiene carácter constitutivo y de seguridad jurídica, debido a que en el mismo rigen los principios de rogación, tracto sucesivo, titulación auténtica, legalidad, publicidad, prioridad, especialidad, legitimidad, de la fe pública que tienen un único propósito: control, orden y claridad en las inscripciones brindando seguridad jurídica a los ciudadanos. ...”

Descripción: “...Sin embargo, la participación pericial es importante al momento que el perito es interrogado por su actuación pericial en el proceso, la cual debe ser objetiva e imparcial, siempre recordando que es hombre de ciencia en donde toda su actuación es verificable, ya que existen leyes y protocolos establecidos a nivel nacional e internacional ajustado a las buenas prácticas forenses.1 Ante la llega de la pandemia (covid-19), se ha hecho necesario que se revisen y actualicen los protocolos científicos establecidos para la intervención en el lugar de los hechos, producto de muertes violentas o muertes sospechosas, como se establece en el código procesal penal y los protocolos propios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, esta última ha enviado a todos sus peritos tanto de escena del crimen como de medicina legal que extremen las medidas de seguridad cuando deban acudir a la escena de una muerte violenta a recabar indicios y exista sospecha que el interfecto pueda ser portador del coronavirus. ...”

Descripción: “...Determinar entonces, al amparo del principio de presunción de inocencia, que una persona realizó una conducta punitiva, es precisamente considerar si el dicho presunto infractor de la norma, reúne los requisitos mínimos de la ley penal, para imputarle la descripción del tipo penal, y las consecuencias derivadas, tanto penales (sanción), como civiles (reparación del daño)....”

Descripción: “...Mediante la sentencia de 14 de marzo de 2022, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se declaró que son inconstitucionales las palabras “con sueldo”, contenidas en los artículos 72 y 83 de la Ley 37 de 29 de junio de 2009 “Que descentraliza la Administración Pública”, reformada a través de la Ley 66 de 29 de octubre de 2015. ...”