Los preacuerdos: legalidad, ficción legal y reducción de la pena
Los preacuerdos como figura de la justicia premial en Colombia no responden a los principios de tipicidad o taxatividad estrictas, y mucho menos al respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, porque a través de la errada utilización de la ficción legal se desdibuja la conducta criminal perpetrada por el delincuente para lograr la disminución de la pena, especialmente en los casos contra organizaciones criminales, cuando lo establecido por la ley corresponde a un tratamiento diferente al momento de otorgar el beneficio. Por ello, es necesario el cambio de posición jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia, para que los preacuerdos respeten la imputación fáctica y jurídica que se realiza conforme a la rea... Ver más
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Jhon Fredy Peña Bernal - 2020
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Los preacuerdos: legalidad, ficción legal y reducción de la pena Corte Constitucional. Sentencia C-739 del 22 de junio de 2000. Expediente D-2718 m.p.: Fabio Morón Díaz. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP17024 del 23 de noviembre de 2016. m.p.: Luis Guillermo Salazar Otero. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP-1402- 2017 del 8 de febrero de 2017. m.p.: Gustavo Enrique Malo Fernández. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP3204- 2017 del 8 de marzo de 2017. Radicación 43669. m.p.: Luis Antonio Hernández Barbosa. Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP747-2017/48293 de enero 25 de 2017. m.p.: Patricia Salazar Cuéllar y Luis Guillermo Salazar Otero. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Sentencia del 30 de enero de 2014. Consideración n.° 61. Corte Constitucional. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992. Expedientes D-056 y D-092 (acumulados). m.p.: José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional. Sentencia C-015 de enero 21 de 1993. Expediente D-083. m.p.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional. Sentencia T-322 del 23 de julio de 1996. Expediente T-98585. m.p.: Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional. Sentencia C-144 del 19 de marzo de 1997. Expediente l.a.t. 084. m.p.: Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional. Sentencia C-559 del 4 de agosto de 1999. Expediente D- 2297. m.p.: Alejando Martínez Caballero. Corte Constitucional. Sentencia C-996 del 2 de agosto de 2000. Expediente D-2787 m.p.: Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional. Sentencia C-409 del 17 de junio 2009. Expediente D- 7478. m.p.: Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional. Sentencia C-1287 del 5 de diciembre de 2001. Rad. Expediente D-3549. m.p.: Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia sp931-2016 de febrero 3 de 2016. m.p.: Gustavo Enrique Malo Fernández. Corte Constitucional. Sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005. Expediente D-5731. m.p.: Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional. Sentencia C-1154 del 15 de noviembre de 2005. Expedientes D-5705 y D-5712 (acumulados). m.p.: Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional. Sentencia C-454 del 7 de junio de 2006. Expediente D-5978. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia C-516 del 11 de julio de 2007. Expediente D- 6554. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia C-409 del 17 de junio de 2009. Expediente D-7478. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional. Sentencia SU915 del 4 de diciembre de 2013. Expediente T-3.181.396. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia c-839 del 20 de noviembre de 2013. Expediente D-9641. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-334 del 13 de junio de 2013. 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Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5030960.pdf Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial n.º 45.658 de 1 de septiembre de 2004. Text http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article Organización de Naciones Unidas. Convención de las naciones unidas contra la corrupción, 2004. Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_ unodc_convention-s.pdf. Consultado el 22/05/2017 Organización de Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 1988. Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf. Consultado el 22/05/2017 Organización de Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. 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Disponible en: http://derechopenalcolombia.blogspot.com.co/2014/02/tribunal-superior-de- bogotaconsidera.html Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 12 de octubre de 1999. Expediente 5253. m.p.: Manuel Ardila Velásquez Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de septiembre de 2003. Proceso 17089. m.p.: Édgar Lombana Trujillo. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de octubre de 2005. Radicado 24026. m.p.: Mauro Solarte Portilla. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 marzo de 2006, Rad. 22327. m.p.: Sigifredo Espinosa Pérez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de septiembre de 2013. Radicado 40545. m.p.: María del Rosario González Lemus. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de septiembre de 2013. Radicado 6947. m.p.: José Leonidas Bustos Martínez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 06 de febrero de 2013, radicado 39892. m.p.: José Luis Barceló Camacho. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia sp4319- 2015. Rad. 44792 del 16 de abril de 2015. m.p.: María del Rosario González Muñoz. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP8643- 2015 del 1º de julio de 2015. Rad. 42293. m.p.: Gustavo Malo Fernández. Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos. oea/Ser.l/v/ii.129 Doc. 47, septiembre 2007. pp. 1, 3 y 4. Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/ ACCESO%20A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf. Bielsa, Rafael. La Técnica Jurídica. 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Análisis de las sentencias 36.502 de 2011 y 38.285 de 2012 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia C-645 de 2012 de la Corte Constitucional”. Revista Nuevo Foro Penal Vol. 9, n.° 80, enero-junio 2013, pp. 165- 185, Universidad eafit, Medellín (issn 0120-8179) Disponible en: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/2257 Márquez Algara, María Guadalupe y De Villa Cortés, José Carlos. Medios alternos de solución de conflictos, 2013, p. 4. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam. mx/www/bjv/libros/8/3568/15.pdf. Consultado el 31/05/2017 Valero Montenegro, Luis Hernando. “El delito de concierto para delinquir en los casos de “La parapolítica”. Revista Via Iuris, núm. 9, julio-diciembre, 2010. Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273919441004 Pérez De Ayala, José Luis. Las ficciones en el Derecho tributario, 1970. 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Por ello, es necesario el cambio de posición jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia, para que los preacuerdos respeten la imputación fáctica y jurídica que se realiza conforme a la realidad procesal, profesando así respeto por los principios rectores del ordenamiento penal y por los derechos de las víctimas. Punishment; Criminal Responsibility; Judgment of Responsibility; Typicity; Legal Fiction; The pre-agreements, as assistant justice in Colombia, do not respond to the principles of strict authenticity or MFIS, and less respect for the rights to truth, justice and the reparation, because through the incorrect use of the fiction legal criminal conduct perpetrated by the offender to achieve the reduction of the penalty, especially in cases against criminal organizations, becomes blurred when the law corresponds to a treatment different to agree upon the benefit. Therefore, the change in jurisprudence from the Supreme Court position, is necessary so the pre- agreements respect legal and factual allegation that is carried out in accordance with the reality of procedural, and professing respect for the guiding principles of the ordering criminal and victims’ rights. Truth; Pre-Agreement; Plea bargaining: legality, legal fiction and reduction of the penalty Justice; Repair Journal article https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/download/6821/9297 2020-10-01T08:34:42Z 2020-10-01T08:34:42Z 0121-0483 2346-2108 10.18601/01210483.v40n108.03 https://doi.org/10.18601/01210483.v40n108.03 37 88 2020-10-01 |
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The pre-agreements, as assistant justice in Colombia, do not respond to the principles of strict authenticity or MFIS, and less respect for the rights to truth, justice and the reparation, because through the incorrect use of the fiction legal criminal conduct perpetrated by the offender to achieve the reduction of the penalty, especially in cases against criminal organizations, becomes blurred when the law corresponds to a treatment different to agree upon the benefit. Therefore, the change in jurisprudence from the Supreme Court position, is necessary so the pre- agreements respect legal and factual allegation that is carried out in accordance with the reality of procedural, and professing respect for the guiding principles of the ordering criminal and victims’ rights.
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Corte Constitucional. Sentencia C-739 del 22 de junio de 2000. Expediente D-2718 m.p.: Fabio Morón Díaz. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP17024 del 23 de noviembre de 2016. m.p.: Luis Guillermo Salazar Otero. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP-1402- 2017 del 8 de febrero de 2017. m.p.: Gustavo Enrique Malo Fernández. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP3204- 2017 del 8 de marzo de 2017. Radicación 43669. m.p.: Luis Antonio Hernández Barbosa. Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP747-2017/48293 de enero 25 de 2017. m.p.: Patricia Salazar Cuéllar y Luis Guillermo Salazar Otero. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Sentencia del 30 de enero de 2014. Consideración n.° 61. Corte Constitucional. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992. Expedientes D-056 y D-092 (acumulados). m.p.: José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional. Sentencia C-015 de enero 21 de 1993. Expediente D-083. m.p.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional. Sentencia T-322 del 23 de julio de 1996. Expediente T-98585. m.p.: Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional. Sentencia C-144 del 19 de marzo de 1997. Expediente l.a.t. 084. m.p.: Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional. Sentencia C-559 del 4 de agosto de 1999. Expediente D- 2297. m.p.: Alejando Martínez Caballero. Corte Constitucional. Sentencia C-996 del 2 de agosto de 2000. Expediente D-2787 m.p.: Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional. Sentencia C-409 del 17 de junio 2009. Expediente D- 7478. m.p.: Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional. Sentencia C-1287 del 5 de diciembre de 2001. Rad. Expediente D-3549. m.p.: Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia sp931-2016 de febrero 3 de 2016. m.p.: Gustavo Enrique Malo Fernández. Corte Constitucional. Sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005. Expediente D-5731. m.p.: Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional. Sentencia C-1154 del 15 de noviembre de 2005. Expedientes D-5705 y D-5712 (acumulados). m.p.: Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional. Sentencia C-454 del 7 de junio de 2006. Expediente D-5978. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia C-516 del 11 de julio de 2007. Expediente D- 6554. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia C-409 del 17 de junio de 2009. Expediente D-7478. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional. Sentencia SU915 del 4 de diciembre de 2013. Expediente T-3.181.396. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia c-839 del 20 de noviembre de 2013. Expediente D-9641. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-334 del 13 de junio de 2013. Expediente D-9371. M.P.: Jorge Ignacio Pretel Chaljub Corte Constitucional. Sentencia T-283 del 16 de mayo de 2013. Expediente T-3.567.368. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia c-180 del 27 de marzo de 2014. Expediente D-9813. M.P.: Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Sentencia C-297 del 8 de junio de 2016. Expediente D-11027. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. Expediente D-10946. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia stp3081 del 10 de marzo de 2016. m.p.: Gustavo Enrique Malo Fernández. Corte Suprema de Justicia. Sentencia sp17024 del 23 de noviembre de 2016. m.p.: Luis Guillermo Salazar Otero. Alda Mejías, Sonia. “Estado y Crimen Organizado en América Latina: posibles relaciones y complicidades”. Revista Política y Estrategia n.º 124, 2014. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5030960.pdf Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial n.º 45.658 de 1 de septiembre de 2004. 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