Ley de garantías electorales, un desafío para la contratación pública electrónica en Colombia
El flagelo de la corrupción en Colombia se ha convertido en el originador de normatividades cuya finalidad es blindar la actividad contractual impregnada por esta enfermedad. Es así que normas como la Ley 996 de 2005 denominada “Ley de garantías electorales”, y políticas estatales como la contratación pública electrónica materializada actualmente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), fueron dispuestas por el legislador como derroteros de transparencia y legalidad para la gestión contractual. Sin embargo, y a partir de lo acaecido en el año 2022 al generarse una coyuntura en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II ad portas de la entrada en vigencia de la Ley de garantías para la realización de los comici... Ver más
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2023-10-03
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Democracia Actual - 2023
| Sumario: | El flagelo de la corrupción en Colombia se ha convertido en el originador de normatividades cuya finalidad es blindar la actividad contractual impregnada por esta enfermedad. Es así que normas como la Ley 996 de 2005 denominada “Ley de garantías electorales”, y políticas estatales como la contratación pública electrónica materializada actualmente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), fueron dispuestas por el legislador como derroteros de transparencia y legalidad para la gestión contractual.
Sin embargo, y a partir de lo acaecido en el año 2022 al generarse una coyuntura en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II ad portas de la entrada en vigencia de la Ley de garantías para la realización de los comicios electorales presidenciales, se hizo necesario indagar cuáles fueron los efectos causados para la contratación pública electrónica por dicho colapso. De esto se concluyó que se hace necesario realizar por parte del Gobierno Nacional una revisión de la eficacia de la Ley 996 de 2005, en especial en lo concerniente a la prohibición establecida en el artículo 33, toda vez que, esta investigación que se basó en el análisis de las fuentes primarias del marco normativo de la señalada Ley y de la contratación pública electrónica, de las fuentes secundaria de la jurisprudencia y doctrina, así como del análisis de datos bajo la estructura de comparación con una muestra de entidades estatales del orden nacional y territorial, demostró el alto impacto que esta prohibición impone a la contratación pública electrónica, en especial en la transaccionalidad del contrato electrónico.
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