El arbitraje como herramienta para la optimización de la justicia tradicional.
Entre los mecanismos alternativos de solución de conflictos que admite el ordenamiento jurídico en Colombia se cuenta el arbitraje. Su existencia se sustenta y justifica en la relevancia que se da a la autonomía de las personas y la celeridad de la resolución de los conflictos que a través de él se dirimen. Por tanto, a las personas que se les habilita para que, a través de un acuerdo de voluntades -previo o posterior al surgimiento de la controversia-, designen a un tercero, que la ley denomina árbitro, para que dirima el conflicto que se suscitó entre ellas. Pero también se les impone un deber: acatar la decisión con la que se ponga fin al trámite, pues ella produce los mismos efectos que una sentencia judicial. Prima facie se advierte qu... Ver más
2805-749X
2021-10-19
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Lauren Simanca Gómez - 2021
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| Sumario: | Entre los mecanismos alternativos de solución de conflictos que admite el ordenamiento jurídico en Colombia se cuenta el arbitraje. Su existencia se sustenta y justifica en la relevancia que se da a la autonomía de las personas y la celeridad de la resolución de los conflictos que a través de él se dirimen. Por tanto, a las personas que se les habilita para que, a través de un acuerdo de voluntades -previo o posterior al surgimiento de la controversia-, designen a un tercero, que la ley denomina árbitro, para que dirima el conflicto que se suscitó entre ellas. Pero también se les impone un deber: acatar la decisión con la que se ponga fin al trámite, pues ella produce los mismos efectos que una sentencia judicial. Prima facie se advierte que el arbitraje privilegia intereses personales. Tal hecho nos llevó a cuestionar, teniendo como guía la función social, no solo si la justicia arbitral ha contribuido a fortalecer las instituciones, sino, hasta qué punto con ella se cumplen los objetivos del desarrollo sostenible, fundamento de la teoría de justicia social. Otra inquietud que se acomete con este trabajo es establecer si basta el gravamen que por medio del Plan Nacional de Desarrollo se le impuso al arbitraje en la búsqueda del fortalecimiento de la administración de justicia o si por el contrario se necesita crear gravámenes adicionales.
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