Principios orientadores para la investigación y judicialización de la trata de personas cuando su comisión involucra actores indígenas
La trata de personas es un delito transnacional que reviste cada vez mayor relevancia en los ámbitos nacional e internacional. Lograr su total erradicación se ha convertido incluso en una de las metas de los objetivos de sostenibilidad –concretamente la meta 8.7–, pero para lograr una real lucha contra este delito es necesario que toda la sociedad esté de acuerdo en su persecución y castigo. De lo contrario, las redes que protegen su comisión se fortalecen permeando aquellos escalones de la sociedad que no están dispuestos a reprimir este delito y que por el contrario buscan “normalizar” su comisión, incentivando estereotipos bajo los cuales ciertas personas, especialmente mujeres, niños y población vulnerable pueden ser sometidos a los des... Ver más
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2021-12-30
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La trata de personas es un delito transnacional que reviste cada vez mayor relevancia en los ámbitos nacional e internacional. Lograr su total erradicación se ha convertido incluso en una de las metas de los objetivos de sostenibilidad –concretamente la meta 8.7–, pero para lograr una real lucha contra este delito es necesario que toda la sociedad esté de acuerdo en su persecución y castigo. De lo contrario, las redes que protegen su comisión se fortalecen permeando aquellos escalones de la sociedad que no están dispuestos a reprimir este delito y que por el contrario buscan “normalizar” su comisión, incentivando estereotipos bajo los cuales ciertas personas, especialmente mujeres, niños y población vulnerable pueden ser sometidos a los designios de otra persona. Una de las poblaciones más afectadas por esta conducta es la población indígena, de donde no sólo se extraen personas para ser tratadas sino que además ocurren las mismas conductas al interior de ciertas comunidades y bajo el “amparo” de ciertas tradiciones o cosmovisiones ancestrales. A pesar de la independencia reconocida a la jurisdicción indígena, la vulneración de la dignidad humana exige canales de comunicación con la jurisdicción ordinaria orientados a impedir que el delito se siga propagando.
En este artículo se recogen principios orientadores que permiten cruzar puentes entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria para que sea posible luchar contra el delito de trata de personas con independencia de la jurisdicción que asuma el conocimiento de cada caso. Se espera de esta manera contribuir a que ningún caso de trata, incluidos aquellos en los que se involucran actores indígenas, quede marginado al silencio de la justicia, sino que existan y puedan consultarse las herramientas que faciliten el diálogo interjurisdiccional y el encuentro intercultural para rescatar siempre la dignidad humana e impedir que esta siga siendo desdibujada en el seno de cualquier sociedad.
Palabras clave: jurisdicción indígena, delito, trata de personas, comunidades, indígenas.
En este artículo se recogen ciertos principios orientadores que permiten cruzar puentes entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria para que sea posible luchar contra el delito de trata de personas con independencia de la jurisdicción que asuma el conocimiento de cada caso. Se espera de esta manera contribuir a que ningún caso de trata, incluidos aquellos en los que se involucran actores indígenas quede marginado al silencio de la justicia, sino que existan y puedan consultarse las herramientas que faciliten el diálogo interjurisdiccional y el encuentro intercultural para rescatar siempre la dignidad humana e impedir que esta siga siendo desdibujada en el seno de cualquier sociedad.
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Trafficking in persons is an international crime that is increasingly relevant in the national and international agenda. Achieving its total eradication has become one of the sustainable development goal targets, but reaching this objective demands a social agreement about its prosecution, otherwise, organized crime and criminal networks will strengthen within vulnerable environments where there is a lack of actions to punish this kind of crime. Those environments exist and there are people who even think it is normal when someone falls under the desires or orders of certain others. One of the most affected populations for this conduct is the indigenous community, where their people are not only kidnapped, trafficked, or sold, but they could also be the victimizers under the protection of their own manners or ancestral traditions. Despite the recognized independence of the indigenous jurisdiction, the violation of human dignity requires to create channels of communication with the ordinary jurisdiction aimed at preventing this crime from spreading further.
This article presents a collection of principles that close gaps between the special indigenous jurisdiction and the ordinary one. Consultation of this collection makes it possible to fight against this crime regardless of the jurisdiction it has been committed. It is expected that this article contributes to avoiding that cases on trafficking persons, with the participation of an indigenous actor, will remain to the justice silence. This principles collection can be consulted as a tool to facilitate the inter-jurisdictional dialogue in order to rescue the human dignity in every society
Keywords: indigenous jurisdiction, crime, trafficking human, communities, indigenous people
This article presents a collection of principles that close gaps between the special indigenous jurisdiction and the ordinary one. Consultation of this collection makes it possible to fight against this crime regardless of the jurisdiction it has been committed. It is expected that this article contributes to avoiding that cases on trafficking persons, with the participation of an indigenous actor, will remain to the justice silence. This principles collection can be consulted as a tool to facilitate the inter-jurisdictional dialogue in order to rescue the human dignity in every society.
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Arbeláez de Tobón, L. Justicia de paz y derecho indígena, 2004. https://www.ramajudicial.gov.co/documents/4263275/13613759/Jurisdicci%C3%B3n+Especial+Ind%C3%ADgena+-+Consejo+Superior+de+la+Judicatura.pdf/c83d6e15-80ac-4398-a834-a3c69a6013ff Consultado el 2 de julio de 2021. Arrieta Burgos, E. (2019). Derechos sociales y proporcionalidad: aproximaciones conceptuales y metodológicas a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. En, A. Sánchez Bravo, L. de Casimiro, E. Gabardo (Eds.). Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retroceso. (pp. 131-158), Punto rojo libros. https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4947/Derechos %20sociales%20y%20proporcionalidad....pdf?sequence=1 Arroyo Zapatero, L. (2009). De la lucha contra la esclavitud y la trata de blancas a la proscripción del tráfico de seres humanos. En, Delmas-Marty, M., Pieth, M. & Sieber, U. Los caminos de la armonización penal, Editorial Tirant lo Blanch. (pp.129-154). Morales, M. (Coord). Valencia: Tirant lo blach, Universidad de Castilla La Mancha, nTeoría. Becerra Becerra, C. A. (2006). La JEI y el derecho penal en Colombia. Boldova Pasamar, M. A. (2010). Trata de seres humanos, en especial menores. Revista de Derecho Migratorio y Extranjería. 23. 51-112. COAT, Centro Operativo Anti-Trata. (2022). Eje de protección y asistencia a las víctimas. Mininterior. de https://tratadepersonas.mininterior.gov.co/estrategia/eje-de-proteccion-y-asistencia-las-victimas Congreso de la República de Colombia, Oficina Asesora Legislativa. (2004). Estudio de antecedentes sobre Jurisdicción Especial Indígena concluido el 9 de julio de 2004. Mentor a cargo, Álvaro Forero Navas. https://www.camara.gov.co/sites/default/files /2017-11/022%20Jurisdiccion%20Especial%20Indigena.pdf Consultado el 2 de julio de 2004. Congreso de la República de Colombia. (26 de agosto de 2005). Ley 985 de 2005 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. Diario Oficial No. 46.015 de 29 de agosto de 2005 Constitución Política de Colombia. (1994). Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá: Ediciones Emfasar. Corte Constitucional. (1996). Sentencia C-139/96. (Carlos Gaviria Díaz, M. P.). Corte Constitucional. (1998). Sentencia SU-510/98. (Eduardo Cifuentes Muñoz, M.P.). Corte Constitucional. (2013). Sentencia T-921/13. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, M.P.) Cruz Micán, D. (2016). Jurisdicción Especial Indígena en Colombia. Universidad Católica de Colombia. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14158/1/De%20la%20Jurisdicci%C3%B3n%20especial%20ind%C3%ADgena%20en%20Colombia.pdf Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-, 2019. Población Indígena de Colombia. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (Formato presentación en pdf). Fernández Hernández, J. J. (2019). La regulación de la trata de seres humanos: esclavitud del siglo XXI. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 5(1), 153-172. http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista/article /view/119/208 Fundación Keralty, Oficina de prensa. (2021). Proyecto "A Guajira" continúa fortaleciendo la salud de la comunidad Wayúu. https://www.keralty.com/es/web/guest/proyecto-de-fundacion-keralty-comunidad-wayuu#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20mayo%20de%202021.,promuevan%20redes%20comunitarias%20de%20cuidado. Gros, Cristian. (1993). Derechos indígenas y nueva Constitución en Colombia. Revista Análisis Político. 19. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2021). 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ONU. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf Organización de las Naciones Unidas. (2021). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Historia de la Declaración. https://www.un.org/es/about-us/udhr/history-of-the-declaration Salas, C. (2015). Reclutamiento ilegal de menores y patrimonio cultural inmaterial: El caso de las comunidades indígenas en Colombia. Boletín OPCA, 09, 58-66. https://opca.uniandes.edu.co/reclutamiento-ilegal-de-menores-y-patrimonio-cultural-inmaterial-el-caso-de-las-comunidades-indigenas-en-colombia/ Perafán Simmonds, C. C. (1995). Sistemas Jurídicos Paez, Kogi, Wayuu y Tulè. Bogotá, Colcultura. Pineda Camacho, R. (2002). Estado y Pueblos indígenas en el siglo XX. La política indigenista entre 1886 y 1991. Bogotá. Sánchez Botero, E. (2005). Reflexiones en torno de la jurisdicción especial indígena en Colombia. Revista IIDH, 41, 225-251. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08062-9.pdf Consultado el 2 de julio de 2021. Sánchez Botero, E. & Jaramillo Sierra, I. C.,(2007). La jurisdicción especial indígena. Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) de la Procuraduría General de la Nación. Bogotá: Imprenta Nacional. |
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Mininterior. de https://tratadepersonas.mininterior.gov.co/estrategia/eje-de-proteccion-y-asistencia-las-victimas Congreso de la República de Colombia, Oficina Asesora Legislativa. (2004). Estudio de antecedentes sobre Jurisdicción Especial Indígena concluido el 9 de julio de 2004. Mentor a cargo, Álvaro Forero Navas. https://www.camara.gov.co/sites/default/files /2017-11/022%20Jurisdiccion%20Especial%20Indigena.pdf Consultado el 2 de julio de 2004. Congreso de la República de Colombia. (26 de agosto de 2005). Ley 985 de 2005 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. Diario Oficial No. 46.015 de 29 de agosto de 2005 Constitución Política de Colombia. (1994). Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá: Ediciones Emfasar. Corte Constitucional. (1996). Sentencia C-139/96. (Carlos Gaviria Díaz, M. P.). Corte Constitucional. (1998). Sentencia SU-510/98. (Eduardo Cifuentes Muñoz, M.P.). 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Proyecto "A Guajira" continúa fortaleciendo la salud de la comunidad Wayúu. https://www.keralty.com/es/web/guest/proyecto-de-fundacion-keralty-comunidad-wayuu#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20mayo%20de%202021.,promuevan%20redes%20comunitarias%20de%20cuidado. Gros, Cristian. (1993). Derechos indígenas y nueva Constitución en Colombia. Revista Análisis Político. 19. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2021). UNODC y la agenda 2030 para un desarrollo sostenible. https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/UNODCyAgenda2030.html Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights Consultada el 09 de noviembre de 2021. Organización de las Naciones Unidas. (1949). Asamblea General. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Organización de las Naciones Unidas. (2010). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Organización de las Naciones Unidas. (2010). Convención para la Erradicación de la Trata de Personas. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, también conocido como el Protocolo de Palermo (2000). Organización de las Naciones Unidas. (2019). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf Organización de las Naciones Unidas. (2021). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Historia de la Declaración. https://www.un.org/es/about-us/udhr/history-of-the-declaration Salas, C. (2015). Reclutamiento ilegal de menores y patrimonio cultural inmaterial: El caso de las comunidades indígenas en Colombia. 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This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Español https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/5751 text/html Artículo de revista La trata de personas es un delito transnacional que reviste cada vez mayor relevancia en los ámbitos nacional e internacional. Lograr su total erradicación se ha convertido incluso en una de las metas de los objetivos de sostenibilidad –concretamente la meta 8.7–, pero para lograr una real lucha contra este delito es necesario que toda la sociedad esté de acuerdo en su persecución y castigo. De lo contrario, las redes que protegen su comisión se fortalecen permeando aquellos escalones de la sociedad que no están dispuestos a reprimir este delito y que por el contrario buscan “normalizar” su comisión, incentivando estereotipos bajo los cuales ciertas personas, especialmente mujeres, niños y población vulnerable pueden ser sometidos a los designios de otra persona. Una de las poblaciones más afectadas por esta conducta es la población indígena, de donde no sólo se extraen personas para ser tratadas sino que además ocurren las mismas conductas al interior de ciertas comunidades y bajo el “amparo” de ciertas tradiciones o cosmovisiones ancestrales. A pesar de la independencia reconocida a la jurisdicción indígena, la vulneración de la dignidad humana exige canales de comunicación con la jurisdicción ordinaria orientados a impedir que el delito se siga propagando. En este artículo se recogen principios orientadores que permiten cruzar puentes entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria para que sea posible luchar contra el delito de trata de personas con independencia de la jurisdicción que asuma el conocimiento de cada caso. Se espera de esta manera contribuir a que ningún caso de trata, incluidos aquellos en los que se involucran actores indígenas, quede marginado al silencio de la justicia, sino que existan y puedan consultarse las herramientas que faciliten el diálogo interjurisdiccional y el encuentro intercultural para rescatar siempre la dignidad humana e impedir que esta siga siendo desdibujada en el seno de cualquier sociedad. Palabras clave: jurisdicción indígena, delito, trata de personas, comunidades, indígenas. En este artículo se recogen ciertos principios orientadores que permiten cruzar puentes entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria para que sea posible luchar contra el delito de trata de personas con independencia de la jurisdicción que asuma el conocimiento de cada caso. Se espera de esta manera contribuir a que ningún caso de trata, incluidos aquellos en los que se involucran actores indígenas quede marginado al silencio de la justicia, sino que existan y puedan consultarse las herramientas que faciliten el diálogo interjurisdiccional y el encuentro intercultural para rescatar siempre la dignidad humana e impedir que esta siga siendo desdibujada en el seno de cualquier sociedad. Publication application/pdf Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo Trafficking in persons is an international crime that is increasingly relevant in the national and international agenda. Achieving its total eradication has become one of the sustainable development goal targets, but reaching this objective demands a social agreement about its prosecution, otherwise, organized crime and criminal networks will strengthen within vulnerable environments where there is a lack of actions to punish this kind of crime. Those environments exist and there are people who even think it is normal when someone falls under the desires or orders of certain others. One of the most affected populations for this conduct is the indigenous community, where their people are not only kidnapped, trafficked, or sold, but they could also be the victimizers under the protection of their own manners or ancestral traditions. Despite the recognized independence of the indigenous jurisdiction, the violation of human dignity requires to create channels of communication with the ordinary jurisdiction aimed at preventing this crime from spreading further. This article presents a collection of principles that close gaps between the special indigenous jurisdiction and the ordinary one. Consultation of this collection makes it possible to fight against this crime regardless of the jurisdiction it has been committed. It is expected that this article contributes to avoiding that cases on trafficking persons, with the participation of an indigenous actor, will remain to the justice silence. This principles collection can be consulted as a tool to facilitate the inter-jurisdictional dialogue in order to rescue the human dignity in every society Keywords: indigenous jurisdiction, crime, trafficking human, communities, indigenous people This article presents a collection of principles that close gaps between the special indigenous jurisdiction and the ordinary one. Consultation of this collection makes it possible to fight against this crime regardless of the jurisdiction it has been committed. It is expected that this article contributes to avoiding that cases on trafficking persons, with the participation of an indigenous actor, will remain to the justice silence. This principles collection can be consulted as a tool to facilitate the inter-jurisdictional dialogue in order to rescue the human dignity in every society. Diaz Echeverri, Maria Ximena 8 2 Universidad de San Buenaventura Journal article Núm. 2 , Año 2021 : Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo 2382-5014 https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/download/5751/4593 https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/download/5751/4594 10.21500/23825014.5751 109 2021-12-30T00:00:00Z 2021-12-30T00:00:00Z 2021-12-30 https://doi.org/10.21500/23825014.5751 124 |